MIENTRAS GALICIA ARDE Touriño y Quintana se purgan arremetiendo contra la etapa de Fraga

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El Gobierno reacciona días después del reclamo popular del Ejército

El PP propuso restar competencias en Protección Civil a las Autonomías

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Las CCAA deben responder de la extinción de los incendios forestales

En primera línea del fuego, Rajoy ha asegurado que "el tiempo de pedir responsabilidades llegará". Los incendios que asolan su tierra abonan el campo de una agria confrontación política.

8 de agosto de 2006. Son muchas las claves que han hecho el caldo de cultivo a los pirómanos que este verano han asolado Galicia de incendios, muchos de ellos aún descontrolados. Claves que derivarán en responsabilidades políticas una vez que amainen las llamas, dando paso a un paisaje de cenizas cuyo tono negruzco recordará a más de uno el desastre del Prestige con su manto de chapapote. Así que, igual que entonces, sólo cabe esperar que esas responsabilidades sean asumidas por el gobierno de la Comunidad Autónoma, tal y como exigieron con vehemencia los portadores del Nunca Mais, aunque ahora la marca política sea distinta.

Sin embargo, y pese a que la extinción de incendios es competencia exclusiva de los gobiernos regionales, la Xunta de Galicia pretende expiar las culpas con la anterior etapa del popular Manuel Fraga. El mano a mano del presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, con su segundo de a bordo, el vicepresidente, Anxo Quintana (del Bloque) actuando de "poli malo", ha empezado a escenificarse culpando directamente a la gestión de los gobiernos del PP la catástrofe que se vive en tierras gallegas, al afirmar el nacionalista que el abandono del medio rural que sufre esta comunidad "tiene mucho que ver con los últimos dieciséis años" del ejecutivo popular.

Y mientras el "bipartito" se ha apresurado a buscar culpables políticos –al margen de los incendiarios-, el líder del PP, Mariano Rajoy, se ha mostrado ciertamente hábil en precisar que no es el momento de la confrontación ni del interés partidista ni mucho menos, sino la hora de atajar sin resuello la situación, una verdadera catástrofe ecológica, que además ya contabiliza tres víctimas mortales.

Pero ese momento llegará, añadía a renglón seguido el presidente del PP, quien se encuentra de vacaciones en Pontevedra, precisamente una de las provincias más perjudicadas por la ola de incendios. Muy atento, el principal partido de la oposición toma nota de aquellos errores –a su juicio- por los que se exigirá que se depuren responsabilidades; errores que a veces rayan lo surrealista, como el hecho de que hablar gallego sea requisito indispensable para formar parte de las brigadas antiincendios, según informaba este martes el diario La Razón.

Los populares siguen moviendo ficha mucho más rápido que el propio gobierno de la Xunta y que el Ejecutivo central, con un presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que muchos le achacan que permanezca de vacaciones, quedando al margen de la tragedia; como de vacaciones continúa el propio presidente de la Xunta de Galicia. Ningún ministro se ha desplazado a la zona, al tiempo que el PP ha pedido la comparecencia de los titulares de Interior, Medio Ambiente y Agricultura, en la Diputación Permanente del Congreso, según anunciaba el lunes el portavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana.

El principal partido de la oposición le reprocha a la Xunta que haya desmantelado los dispositivos creados por el Gobierno de Fraga porque sus máximos responsables fueron nombrados por el PP, "obviando –según Zaplana- diez años de experiencia". Junto a esto, la descoordinación con Diputaciones y Ayuntamientos, o el propio hecho de que el Ejército tenga vetada una participación directa en las labores de extinción, sin duda ha contribuido a que la impunidad de los incendiarios campe a sus anchas.

Según ha anunciado el propio Rajoy, dos son las iniciativas que llevará el PP al Parlamento: la creación de un gran centro nacional de gestión de crisis, que ya fue propuesto por este mismo partido después del incendio de Guadalajara, hace justo un año; y la aprobación de un real decreto para indemnizar a los perjudicados.