SECUESTRÓ A EMILIANO REVILLA Un ex colaborador de ETA ejerce de acusación particular en el 11-M

Manuel Ortega

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Uno de los letrados que ejerce la acusación en el proceso por los atentados de Madrid cuenta con un borrón en su expediente: su condena por la detención ilegal del empresario soriano.

20 de julio de 2006. Gonzalo Boyé Tuset, abogado de la acusación particular en el 11-M, colaboró con ETA para llevar a cabo el secuestro de Emiliano Revilla en 1988. El letrado, de origen chileno, fue juzgado y condenado a una pena de catorce años de cárcel por un delito de detención ilegal. A día de hoy, se encuentra colegiado en Madrid y Pamplona (Navarra) y, entre otros casos, ejerce la representación de la acusación de varias víctimas chilenas en el juicio por los atentados de Madrid.

Boyé, que ha ejercido como abogado de miembros de Batasuna, formó parte de un pequeño grupo vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un partido de extrema izquierda en Chile al que se le achaca, con sus acciones armadas, su participación destacada en la estrategia de la tensión que propició el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Dicho núcleo llegó a un acuerdo de colaboración con ETA, que se puso de manifiesto en el secuestro del empresario soriano.

En una fecha indeterminada a principios de 1987, René Miguel Valenzuela, uno de los responsables del aparato exterior del MIR, rubricó con la dirección etarra dicho convenio y constituyó una célula integrada por otros dos militantes miristas, Alexis Corvalán y Ramiro Silvo, y un simpatizante de su causa, Gustavo Boyé, hijo de un destacado periodista del país andino, Gustavo Boyé Soto. Todo ellos contaban con nacionalidad chilena, lo que propiciaba que ETA pudiese utilizarlos sin levantar sospechas.

Tras el acuerdo con ETA, Valenzuela, instalado en París, movió a sus peones en España. Corvalán se convirtió en su enlace madrileño, alquilando una serie de pisos que sirvieron como refugios a miembros de la banda terrorista. Pero sobre todo, Valenzuela ordenó a sus hombres en la capital de España la formación de una célula encargada de recopilar información sobre empresarios, con vistas a que ETA evaluase su posible secuestro y rescate. Los datos recopilados en Madrid eran enviados a París, donde Valenzuela los trasladaba a la dirección etarra. Para los seguimientos, incluido el de Emiliano Revilla, Boyé llegó a ceder su Chrysler 150 personal.

El seguimiento a Revilla se concretó en su secuestro, efectuado principalmente por los etarras José Luis Urrusolo Sistiaga y Antonio Gabiola Goyoaga el 23 de febrero de 1988. La célula chilena se había encargado de la acogida de los terroristas y de facilitarles un lugar donde esconder al empresario, una vivienda unifamiliar en la calle Belisana, 42, donde construyeron el zulo que albergó al secuestrado hasta el 30 de octubre de 1988.

Según la sentencia que condenó a Boyé a catorce años de prisión por detención ilegal en 1996, Valenzuela y el hoy letrado constituyeron una sociedad, Eko World con la finalidad de comercializar un aditivo para combustibles derivados del petróleo. De acuerdo con lo establecido por la Justicia, "la contabilidad de esta empresa pone de relieve el ingreso de importantes cantidades de dinero, sin detallar su procedencia", que procederían en gran parte de lo entregado por ETA como pago a su colaboración. El propio Valenzuela declaró que Boyé tenía escondido en un sillón de su casa dinero procedente del rescate de Revilla.

Tras el secuestro del empresario y una serie de viajes a San Juan de Luz (Francia) con objeto de recaudar su parte del botín, las relaciones de los chilenos con ETA se enfriaron por una disputa a causa del reparto correspondiente. Los integrantes de la célula chilena fueron detectados y detenidos en 1992, siendo juzgados y condenados cuatro años más tarde. Tan sólo Ramiro Silva consiguió evitar la condena, pues huyó a Chile, donde ha sido reclamado por la Justicia española. Su extradición, solicitada hace tres años, aún sigue prolongándose.

Boyé ingresó en prisión el 27 de mayo de 1996. En abril de 2002 obtuvo la libertad condicional. Apenas cumplió seis años de su condena total. Mientras tanto, obtuvo la Licenciatura de Derecho por la UNED, instalándose como abogado poco después de su salida de prisión. Con despacho en una de las zonas más exclusivas de Madrid, a Boyé se le atribuyen excelentes relaciones con la embajada de Chile y dentro de la comunidad chilena.

Su participación, con un pasado de este tipo, dentro del proceso por el 11-M no ha dejado de levantar polémica. En la Audiencia Nacional, donde es muy conocido, son conscientes de ello, y fuentes vinculadas a las víctimas del terrorismo insisten en señalar que si, legalmente, no hay inconveniente para su presencia, moralmente les resulta insoportable.