El crucifijo, símbolo de laicidad
Fernando de Haro
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Tras la nota crítica de los obispos del sur sobre la reforma del Estatuto de Andalucía se ha desatado una auténtica “guerra de crucifijos”.
La Junta ha aprovechado la queja al Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma, formulada por un padre del colegio San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén) para ordenar la retirada de los símbolos cristianos. En una circular se ha prohibido la celebración de cualquier actividad extraescolar relacionada con la religión en el centro. Se acabaron pues los belenes, los Reyes Magos y cualquier relación con la Semana Santa.
La campaña se ha completado con la propuesta lanzada por el diputado socialista José Pliego, que ha reclamado la retirada de todos los elementos religiosos de las escuelas, y por una intervención en el mismo sentido de la Junta de Personal Docente de Córdoba. La polémica está claramente alimentada por el Gobierno de Chaves, que no ha querido adoptar la solución que en el mes de mayo, ante un caso similar, formuló la Junta de Castilla y León. En esta Comunidad Autónoma también varios padres, apoyados por la Asociación Cultural Escuela Laica, emprendieron una guerra contra el crucifijo en un colegio, a pesar de que el Consejo Escolar del centro había decido que se mantuviera. El Gobierno de Juan Vicente Herrera no tomó cartas en el asunto y respetó la decisión del Consejo Escolar.
La postura de la Junta de Castilla y León coincide en cierto modo con una inteligente ley que se dictó en el Estado de Baviera el 23 de diciembre de 1995. La norma determina en su artículo 7 que, “en consideración de la connotación histórica y cultural de Baviera, en cada aula escolar debe haber un crucifijo. Así se expresa la voluntad de realizar los supremos objetivos de la Constitución sobre la base de valores cristianos y occidentales, en armonía con la tutela de la libertad religiosa. Si la presencia del crucifijo es contestada (...), el director didáctico buscará un acuerdo amigable”. Si ese acuerdo no se produce, dice la ley, se dictará una regla ad hoc que respete la libertad religiosa y las convicciones de todos los alumnos.
La ley bávara no es sólo inteligente para resolver con sentido común las posibles diferencias entre los padres, además reconoce dos cuestiones esenciales: que el crucifijo puede ser una expresión de la libertad religiosa de los alumnos y que simboliza los valores cristianos. Este última enfoque, para una comunidad autónoma como la andaluza, en la que la integración de la comunidad musulmana plantea problemas, es especialmente relevante.
La cruz es el símbolo, entre otras cosas, de la separación de Iglesia y Estado que por desgracia gran parte del islam no respeta. Los padres y los políticos que deseen una verdadera laicidad y tengan presente lo que está sucediendo en las dos riberas del Mediterráneo podrían reconocer en el crucifijo un buen aliado aunque sean ateos.
En esa línea se pronunció el Tribunal Administrativo de Venecia (Tar Veneto) en una sentencia del pasado 17 de marzo de 2005, en la que afirmaba que “el crucifijo puede ser legítimamente colocado en las aulas de las escuelas públicas porque confirma el principio de la laicidad del Estado republicano”. El argumento jurídico ha sido confirmado por un pronunciamiento del Consejo de Estado italiano de febrero de 2006. El crucifijo, defensor de una laicidad que estará cada vez más amenazada.


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