Todos a chupar del Estado
Por JOSÉ Mª GARCÍA-HOZ
http://www.abc.es/abc/pg060509/prensa/noticias/Opinion/Colaboraciones/200605/09/NAC-OPI-005.asp
QUIEN sabe de esto me cuenta que el llamado proceso de paz en Euskadi se trata en realidad de una negociación del Estado con ETA-Batasuna sobre cómo proporcionar un medio de vida a los terroristas encarcelados y a los que todavía están en libertad. Según este diagnóstico, las conversaciones son la primera consecuencia directa de la ilegalización de Batasuna, que sancionó el Tribunal Supremo en marzo de 2003, en virtud a su vez de la aplicación de la ley de Partidos Políticos, consensuada hace cuatro años por el PP y el PSOE.
Como desde entonces Batasuna no ha podido presentarse a ninguna elección de ningún nivel, el entramado terrorista ya no cuenta con el dinero que recibía del Estado desde 1977, al que legalmente tenía derecho de acuerdo con los votos y escaños conseguidos, tanto en el Parlamento nacional como en el vasco, como en los múltiples municipios de Euskadi y Navarra en los que alcanzó escaños de concejales. Pasara lo que pasara y fueran cuales fueran los crímenes de ETA, mensualmente los jefes de Batasuna recibían las subvenciones, que distribuían con impunidad entre su gente, de dentro y de fuera de las cárceles. Adicionalmente, los concejales batasunos se han quedado en la calle y sin derecho al paro. La disciplina paraetarra se queda sin cemento.
Tras la descripción de la situación económico laboral de los terroristas y sus equipos de apoyo, el análisis de mi amigo concluye que toda la retórica sobre Navarra, sobre el derecho de autodeterminación respecto de España y de Francia, es sencillamente eso: necesidad protocolaria de vestir el muñeco con ropajes de negociación política, cuando el tema de las conversaciones se parece mucho más a la resolución de un expediente de regulación de empleo. Dios le oiga. Este de Batasuna-ETA es el ejemplo que mayor escarnio produce, pero en absoluto el único, de que para sobrevivir en la España del siglo XXI se debe andar listo en arrimar el morro a la inagotable ubre del Estado. De los presupuestos generales del Estado viven desde luego los partidos políticos, pero viven también los sindicatos. La mayoría de las fundaciones privadas que en España existen lo hacen con fondos públicos, igual que las organizaciones no gubernamentales, cuya financiación -¡oh paradoja!- sí es abrumadoramente gubernamental.
Como en el popular dilema del huevo y la gallina, no se sabe si esta postración de la sociedad civil se origina en la apatía participativa de los españoles o en la voracidad fiscal del Estado, que deja limpia cualquier cartera antes de que ésta se pueda plantear aportar algún dinero excedente a un fin altruista. Quevedo aconsejó huir de la cólera del español sentado, pero no menos cierto resulta que la América participativa descrita por Alexis de Tocqueville encuentra su pilar económico en el buen trato fiscal que reciben las donaciones del contribuyente norteamericano para organizaciones de interés social. El matrimonio Gates ha recibido el último Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación sin duda justamente, porque Bill y su esposa Melisa dedican miles de millones de dólares para justas causas. Nada que objetar a la concesión, pero estoy persuadido de que las grandes fundaciones españolas, como la March o la Ramón Areces, desearían un régimen fiscal equiparable al de la Bill Gates Foundation.


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